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UGT-A aprueba extender los servicios jurídicos gratuitos para todos sus afiliados

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El Comité de UGT en Andalucía, reunido este jueves, ha aprobado extender los servicios jurídicos gratuitos para todos sus afiliados, como una medida más para potenciar la afiliación sindical entre los trabajadores.


Según ha apuntado el sindicato en una nota, en 2016 UGT-A volvió a recuperar 3.000 afiliados tras varios años de descensos, y con 150.000 se consolida como "la primera fuerza sindical de Andalucía".

Se trata del primer comité de UGT-A tras el congreso que eligió a Carmen Castilla como secretaria general, el 9 de abril de 2016. En su discurso, la secretaria general ha reivindicado el papel que desempeña el sindicato en la sociedad con la reciente firma del Pacto por las Cláusulas Sociales, y esta misma semana el Pacto por la Industria.

UGT-A trabaja igualmente en colaboración con la Junta, CCOO y la CEA en un pacto por el Turismo, y se mantiene vigilante en el cumplimiento del Plan de la Vivienda. También lleva a cabo campañas reivindicativas con movilizaciones por unas pensiones dignas, contra la pobreza energética, por un empleo de calidad y en igualdad de oportunidades, y trabaja para recuperar el diálogo social.

El Comité considera "un gran paso" adelante la culminación del proceso de fusiones entre federaciones, lo que permitirá centrarse ahora en la acción sindical con órganos renovados y más cercanos a los trabajadores y trabajadoras a través de la potenciación de los sectores y las secciones sindicales, de cara a la negociación colectiva.

El I Comité Regional de UGT-A también aprueba una resolución de urgencia mostrando todo su apoyo a los compañeros de UGT Asturias, tras las actuaciones desproporcionadas e innecesarias practicadas contra el sindicato. La resolución termina señalando que "UGT seguirá ejerciendo su mandato constitucional, defendiendo y promoviendo los derechos e intereses de trabajadores, denunciando la precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y de los salarios, el deterioro de los servicios públicos, y la falta de recursos para sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales o la propia Administración de Justicia".

Fuente: EUROPA PRESS